Sentencia A. 2506/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-2506/23

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA LABORAL-Procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

AUTO 2506 DE 2023

 

Referencia: Expediente CJU-4087

 

Conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre, Rama Laboral, y el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo

 

Magistrado Sustanciador:

Juan Carlos Cortés González

 

Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Carta Política, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes

 

I. ANTECEDENTES

 

1.   Causa judicial que suscita el conflicto de competencia entre jurisdicciones. El 17 de marzo de 2021, Nelis del Carmen Ordóñez Hoyos formuló demanda ejecutiva laboral[1] en contra del Concejo de Sucre-Sucre. Relató que por medio de acta de elección No. 016 del 28 de noviembre del 2014 la nombraron en el cargo de secretaria y ejerció sus funciones entre el 5 de enero y el 31 de diciembre del 2015. Aseveró que a la fecha de presentación de la demanda no le habían pagado las prestaciones sociales que le correspondían por ley y que fueron reconocidas en la Resolución No. 54 de 2015[2], emitida por la entidad ejecutada.

 

2.   En consecuencia, la demandante pretende que se libre mandamiento ejecutivo a su favor por la suma de cincuenta y dos millones quinientos tres mil cincuenta y tres pesos m/l ($52.503.053). Esta suma corresponde a: (i) la obligación contenida en la Resolución No. 54 de 2015, la cual corresponde a emolumentos laborales y prestacionales a su favor por el monto de un millón setecientos veintisiete mil trecientos veintisiete pesos m/l ($1.727.327), y (ii) los “salarios moratorios” causados desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha de presentación de la demanda, en razón de un día de salario por cada día de mora en el pago de los emolumentos laborales y prestacionales que habían sido reconocidos a su nombre[3].

 

3.   Decisión de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral. El 26 de agosto de 2021[4], el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre, Rama Laboral, profirió auto en el cual declaró la falta de jurisdicción para conocer de la demanda y remitió el expediente a los jueces administrativos. En su criterio, la demandante fue nombrada secretaria del Concejo de Sucre–Sucre, mediante acta de elección No. 016 del 28 de noviembre de 2014 de esa corporación, lo que hace presumir que fue vinculada a la entidad a través de una relación legal y reglamentaria, por lo que el proceso debe agotarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 104 del CPACA.

 

4.   Decisión de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por medio de auto del 25 de abril de 2023[5], el Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo indicó que “carecía de jurisdicción” y propuso conflicto de competencia negativo entre jurisdicciones, por lo cual, remitió el expediente a esta corporación. Señaló que, conforme a “lo dispuesto por la Corte Constitucional, en Auto 613 de 2021[6], de cara al artículo 104 numeral 6, la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se restringe al conocimiento de cargas crediticias impuestas mediante sentencia emanada de autoridad contencioso administrativa o de un contrato estatal, advirtiendo que tratándose de demandas, ejecutivas, en las que se pretende el pago de acreencias laborales reconocidas en actos administrativos, la jurisdicción competente es la ordinaria en su especialidad laboral”. Por lo tanto, ya que el caso en controversia trata sobre un proceso iniciado bajo la pretensión ejecutiva respecto de actos administrativos que reconocen emolumentos laborales y prestacionales, el juez competente es el de la jurisdicción ordinaria laboral[7].

 

 

 

 

II. CONSIDERACIONES

 

5.   El caso reúne los presupuestos establecidos en el Auto 155 de 2019[8] para la configuración de un conflicto de competencia entre jurisdicciones. Esta decisión se fundamenta en que la controversia: (i) acredita el cumplimiento del presupuesto subjetivo, pues existe una autoridad de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, y otra de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que niegan su competencia en el asunto; (ii) demuestra el cumplimiento del presupuesto objetivo, en tanto la disputa versa sobre la demanda instaurada por la señora Nelis del Carmen Ordóñez Hoyos contra el Concejo Municipal de Sucre-Sucre; y (iii) satisface el presupuesto normativo, porque ambas autoridades plantean argumentos jurídicos dirigidos a sustentar su falta de jurisdicción. De un lado, el juez laboral señala que la controversia involucra a una empleada pública, por lo que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien debe conocer del asunto, conforme el artículo 104 del CPACA. Por su parte, el juez contencioso administrativo expone que la regla contenida en el Auto 613 de 2021 es aplicable al asunto, toda vez que se trata de un proceso ejecutivo iniciado bajo la pretensión ejecutiva de actos administrativos que reconocen emolumentos laborales y prestacionales, por lo que es competente el juez de la jurisdicción ordinaria laboral.

 

6. Reiteración de los Autos 613 de 2021 y 509 de 2022[9]. Sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para asumir el conocimiento de asuntos en los que se reclama el pago de acreencias laborales reconocidas en actos administrativos. En el Auto 613 de 2021[10], la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que, a partir de una interpretación conjunta de los artículos 104.6, 297, 298 y 299 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para resolver procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas a la administración, conciliaciones aprobadas, laudos arbitrales y contratos celebrados con entidades estatales. De ahí que, para la Corte, la Ley 1437 de 2011 “no incluye dentro de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo los procesos ejecutivos laborales derivados de actos administrativos que contengan acreencias laborales reconocidas”. Esta corporación resaltó que aun cuando los actos administrativos puedan ser considerados como títulos ejecutivos, ello no implica la posibilidad de que puedan ser ejecutados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

 

7. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional expuso que a la jurisdicción ordinaria le compete asumir el conocimiento de todos los asuntos que no estén expresamente asignados a otra jurisdicción, y particularmente, siguiendo el artículo 2.5 del CPTSS, la jurisdicción ordinaria laboral es la encargada de conocer sobre los asuntos relacionados con la “ejecución de obligaciones emanadas de la relación del trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”. Para esta Corte, la referida norma debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 100 ejusdem, el cual establece que “será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo que conste en acto o documentos que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”.

 

8. Por consiguiente, la Corte Constitucional estableció como regla de decisión que “corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos administrativos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

 

9. Finalmente, mediante Auto 509 de 2022, esta corporación sostuvo que, “en materia de procesos ejecutivos que busquen cobrar acreencias laborales reconocidas en actos administrativos, el contenido normativo del artículo 104.6 del CPACA permite concluir que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es competente para resolver este tipo de controversias, indistintamente de la clase de vinculación del servidor, puesto que dicha disposición establece una cláusula expresa de conocimiento de asuntos ejecutivos que se rige por la naturaleza del proceso y no por las condiciones laborales específicas del accionante, como sí ocurre en los procedimientos regulados en el numeral 4º del mismo precepto. En tal sentido, se extenderá la regla de decisión determinada en el A-613 de 2021”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

 

III. CASO CONCRETO

 

10. La jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, es la competente para conocer el caso que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. La Sala Plena de esta corporación dirime el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones en el sentido de determinar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre, Rama Laboral, es el competente para pronunciarse sobre este litigio, de conformidad con la regla de decisión contenida en los Autos 613 de 2021 y 509 de 2022, que se han citado en múltiples ocasiones y que en esta oportunidad se reiteran.

 

11. Esto en la medida que el cobro de las obligaciones contenidas en un acto administrativo hace parte de la competencia de los jueces laborales, conforme a lo previsto en los artículos 2.5 y 100 del CPTSS. En el presente caso, se pretende el cobro de las obligaciones contenidas en la Resolución No. 54 de 2015 del Concejo de Sucre–Sucre y su sanción moratoria, por lo tanto, dicha regla es la aplicable para resolver el actual conflicto de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones, indistintamente de la clase de vinculación del ejecutante, puesto que, se insiste, el conocimiento de asuntos ejecutivos se rige por la naturaleza del proceso y no por las condiciones laborales específicas del accionante.

 

12. Regla de decisión. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretende el pago de acreencias derivadas de una relación de trabajo, reconocidas en actos administrativos. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 2.5 y 100 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el presente conflicto negativo de competencia entre jurisdicciones, en el sentido de DECLARAR que corresponde al Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre, Rama Laboral, conocer el proceso ejecutivo promovido por la señora Nelis del Carmen Ordóñez Hoyos contra el Concejo Municipal de Sucre-Sucre.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-4087 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre, Rama Laboral, para lo de su competencia y para que comunique esta decisión al Juzgado Décimo Administrativo de Sincelejo y a los interesados en este trámite.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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